Bajo fuego federal AAV y sus ayudantes

Se calienta pesquisa contra el gobernador

NUESTROS PAÍSES - 06/11/2007
Jesús Dávila

SAN JUAN/Corresponsal EDLP — Las últimas citaciones de testigos a un gran jurado que investiga al Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, han provocado especulaciones y temor en sectores empresariales del país, en particular luego de saberse que el caso se puede extender hasta una transacción millonaria en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

El nuevo ángulo involucra la pista del regalo de un reloj de lujo y su posible relación con la transacción por $157 millones mediante la cual un importante consorcio internacional consiguió comprar una cadena de tiendas en varias islas del Caribe que incluye una concesión en el aeropuerto –presumiblemente hasta 2031- que había sido otorgada por el Gobierno a un empresario nacional miembro de una familia de conocidos joyeros.

Cuando circuló la noticia de la compraventa en enero, a principios de año, el empresario vendedor, Luis Bared, fue citado en la prensa diciendo que el Gobierno de Puerto Rico respaldaba la venta, que incluía la concesión. Poco después se anunció que nadie había presentado objeciones bajo las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

En círculos empresariales se comenta que tan pronto como esta misma semana podrían producirse interrogatorios relacionados con el origen del referido reloj valioso.

Esta no es la primera vez que artículos que se presume fueron regalados al Gobernador Acevedo Vilá figuran en las noticias del caso, que ha llevado durante varios años el Departamento de Justicia de EE.UU. con respecto a donativos por parte de inversionistas políticos, presuntas ventas de influencia y lavado de dinero en relación al oficialista Partido Popular Democrático. El caso es parte de una pesquisa que se ha extendido por varias jurisdicciones de EE.UU. en relación con el empresario Robert Feldman, de Pensilvania.

Ante la extendida pesquisa, que ha tenido un fuerte impacto político en el país, el Gobernador Acevedo Vilá y sus allegados han ido variando su posición. Al principio era de cooperación abierta y se le daba a la prensa los detalles de lo que pedían y preguntaban los investigadores federales, pero con el correr del tiempo eso ha ido cambiando.

De igual forma, tampoco se han provisto detalles de lo solicitado por el gran jurado a la oficina que administra los sistemas de retiro del Gobierno.

La dirección del PPD inclusive ha llegado al extremo de tratar de vincular la pesquisa contra su presidente al escándalo sobre presiones políticas contra fiscales federales en Estados Unidos y se ha contratado a un controversial abogado criminalista que estuvo vinculado con casos como Irán-Contras.