Alegaciones ‘infundadas’
Por: Jorge Luis Medina
Redactor EL VOCERO
Para el ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José A. Andreu García, las imputaciones de alegados delitos hechas contra el presidente de la Cámara de Representantes José Aponte por la comisión especial del Senado que investiga el llamado "vídeo 59" son totalmente infundadas.
"A base del referido hecho por el Lcdo. Sánchez Acosta, así como de los documentos anejados al mismo, mi impresión es que tengo muy serias dudas de que se haya cometido delito alguno, bien de parte del contratista de seguridad Angel Rivera, o de parte del Lcdo. Manuel Herrero García, y mucho menos del presidente de la Cámara de Representantes, Honorable José Aponte", manifestó Andreu García, luego de examinar el referido hecho por el investigador José Sánchez Acosta al presidente de la Comisión especial, senador Orlando Parga.
"Lo más que podría decirse es que existen algunas irregularidades de carácter formal, o sea de forma, y que cualquier interpretación que se haga de la conducta denunciada es tan subjetiva que en forma alguna puede dar base a imputación de clase alguna", añadió Andreu García, quien fue nombrado presidente del Tribunal Supremo por el ex gobernador Rafael Hernández Colón.
"Esto es una cuestión de cómo se interpreta, y no creo que ningún delito se pueda sostener en este país bajo el ordenamiento jurídico actual, a base de interpretaciones subjetivas", concluyó el ex Juez Presidente.
El informe de Sánchez Acosta, fechado el 22 de febrero, sugiere investigar al Lcdo. Herrero, al asesor de seguridad Rivera y al Presidente de la Cámara, todo con relación a supuestas violaciones de ley cometidas en la contratación de los primeros.
Pero el informe mismo admite que la única evidencia que se tiene de esos supuestos delitos son "el producto del testimonio de la superintendente del Capitolio, Ing. Nélida Santiago, y los contratos y facturas sometidos por ésta", y que "no se realizó una corroboración mediante fuentes adicionales, ni se citó a las personas aludidas en estos asuntos, debido a que los mismos no están dentro del alcance de la investigación que nos ocupa".
ALEGACIONES EN MEDIO DE UNA LUCHA INTERNA DE PODER
Santiago, quien recibió inmunidad transaccional, civil y administrativa por su rol en el sonado caso del "vídeo 59", fue la persona que suscribió los contratos con Rivera y el Lcdo. Herrero y autorizó los pagos hechos en virtud de esos contratos. En medio de su testimonio sobre el alegado vídeo, alegó irregularidades con Herrero y Rivera por supuestas presiones de Aponte.
Esas alegaciones surgen en medio de una lucha interna de poder en el Partido Nuevo Progresista (PNP), en la que el grupo liderado por Kenneth McClintock –grupo al que pertenece Parga– busca desestabilizar la Cámara por entender que Aponte es un aliado del ex gobernador Pedro Rosselló, a quien el grupo de McClintock pretende desbancar de la presidencia del PNP.
McClintock, Parga y los senadores de su grupo están sancionados por el PNP y todo indica que estarán fuera de la papeleta del partido para las elecciones del 2008 a menos que logren sacar a Rosselló de la presidencia y nombrar a un presidente amigo que les levante las sanciones.
El grupo de McClintock busca forzar una acción del Departamento de Justicia contra Aponte porque el Senado no tiene potestad para investigar ninguna acción del Presidente de la Cámara. Expertos en derecho constitucional se han expresado en el sentido de que el referido de "hallazgos colaterales" es una intromisión "ultra vires" del Senado en el funcionamiento de su cuerpo hermano, un cuerpo legislativo creado por la Constitución que no está subordinado al Senado, y cuestionaron el uso de fondos públicos para investigar el desempeño del Presidente cameral.
Curiosamente, el referido lo hace una comisión que no fue creada para investigar contratos camerales sino el "vídeo 59", y aún no ha rendido el informe de esa investigación. En investigaciones legislativas, los referidos al Departamento de Justicia o al Contralor resultan de informes aprobados por el cuerpo legislativo en pleno, y no de recomendaciones de un mero investigador.
LA SUBCONTRATACION DE ALEXIS MOLINARY
Aunque Santiago alega que el contrato del Lcdo. Herrero fue para que lo cobrara el ambientalista Alexis Molinary porque éste tenía un supuesto conflicto que le impedía ser contratado directamente, su testimonio no explica el alegado conflicto y la única evidencia objetiva son los contratos y las facturas, que apuntan a una posible subcontratación.
Sobre los documentos incluidos en el referido, Andreu García dijo que el contrato de Herrero "prohíbe la subcontratación sin una autorización escrita de la Superintendente. El problema es que la misma cláusula establece como consecuencia de la falta de autorización que la Legislatura, o la oficina de la Superintendente, no asume responsabilidad por el pago de los honorarios de la persona así subcontratada", por lo que sería Herrero responsable del pago.
"No obstante, existen otras cláusulas en el contrato que contemplan la subcontratación de consultores, de manera que el contrato es vago, es ambiguo en cuanto a ese particular, y cualquier interpretación que se haga es puramente subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, yo tengo que decir que no hay una violación al contrato mediante la subcontratación de Molinari, desde el punto de vista objetivo", sostuvo Andreu García.
EL CONTRATO DE RIVERA
Según Andreu García, "hay unos señalamientos tanto respecto al Lcdo. Herrero García como al Sr. Rivera, poniendo en duda su capacidad para rendir en forma eficiente los servicios para los cuales fueron contratados. A mí me consta de propio y personal conocimiento que el Lcdo. Herrero García tiene estudios validados por instituciones de educación superior en asuntos ambientales; o sea, él ha sido certificado, ha obtenido certificaciones en esa área de conocimiento especializado".
Según constató EL VOCERO, el Lcdo. Herrero tiene certificaciones del Instituto de Educación Práctica y de la Universidad de Puerto Rico en derecho ambiental, preparación de declaraciones de impacto ambiental, preparación de consultas de ubicación, salud ambiental, reglamentos y permisos ambientales, planificación ambiental, procedimientos administrativos ambientales, sistemas de información geográfica, ética ambiental, manejo de conflictos y mediación ambiental y ecoturismo.
"En cuanto a Rivera yo no sé que capacidad de seguridad tiene, pero examinando la factura, o por lo menos una de las facturas que acompaña el informe, me doy cuenta de que la misma es sumamente detallada en cuanto a los servicios brindados por esta persona, y que habiendo autorizado la Superintendente del Capitolio el pago de dichos servicios, no hay duda de que ratifica y convalida dicha contratación y los servicios prestados, bien sea al Presidente de la Cámara o a la Cámara en particular, o de la Superintendencia", dijo Andreu García.
"Es de notar que en ambos contratos (de Herrero y Rivera) especifican que realizarán cualquier otra tarea que la parte contratante, o sea la Superintendente, les asigne, y es de suponer que si pagó los servicios que fueron detallados y facturados en la factura por ambos, quiere decir que los servicios estaban dentro del ámbito de las funciones para las que fueron contratados", concluyó.
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