El Abogaducho

Boberto

Por: Luis Dávila Colón
Analista de noticias

Podrá tener cara de bobo, pero de tontejo no tiene nada. El Secretario de Justicia colonial, ha probado ser tan politiquero, tan perseguidor, tan carpeteador, insensato, insensible y tan sastre jurídico, como sus predecesores. Esencialmente en Puerto Rico la administración de la llamada "justicia", sigue siendo una corrupta aberración. El sistema está diseñado por populares y para populares, para sostener el Régimen de la doble vara y de la supresión y represión de las minorías.

La administración de la injusticia durante este primer semestre del año 2006, continuó revelando las graves violaciones de derechos civiles y el uso, mal uso y abuso de los instrumentos investigativos del Estado para perseguir la minoría PNP y fabricarle casos. A finales de diciembre, la infame investigación del Video 59 labrada entre pavaclintons y populares con el Secretario de Justicia de receptor, se apuntó su primer muerto con el deceso de una de las tarjetas de investigación, Luis Hernández, que no pudo aguantar la presión y murió de un infarto. El ex Jefe de Seguridad de Capitolio, perseguido en vida por Nélida Santiago, fue difamado por el carpetero senatorial, José Sánchez Acosta, que llegó a sugerir en un programa radial que hubo gato encerrado y "foul play" en su muerte.

Los resultados de la investigación que costó más de $100,000 en esa corte de canguros, fueron anunciados en el medio de la investigación el 15 de febrero de 2006, cuando el vicepresidente del Senado, Orlando Parga, anticipó que el informe final –que ya prácticamente estaba escrito– le referiría al Departamento de Justicia a los senadores Roberto Arango y Norma Burgos por el "delito" de divulgar a la prensa el contenido de un video de seguridad propiedad pública. El resto de la historia fue un sainete. Libreto prefabricado en el Senado y recibido para investigación ulterior por la justicia bobértica.

El jueguito de "pitcher" y "catcher" entre los pavaclintons y la justicia bobértica se acentuó en pleno debate sobre la crisis fiscal, cuando el 22 de febrero de 2006 el Senado también refirió a Justicia al presidente de la Cámara, José Aponte, alegando que tenía un contrato a un guardaespaldas privado, pago con fondos públicos.

El resultado de las inquisiciones políticas realizadas por populares en la Legislatura, se cristalizó este semestre, cuando el Tribunal Supremo falló a favor de Zoraida Buxó y Luis Rullán determinando que el Senado, bajo la dirección de Velda González, había realizado allanamientos e incautaciones de sus planillas en Hacienda, sin notificación ni vista y de forma totalmente ilegal e inconstitucional. Vejados y difamados durante cinco largos años, ninguno de los dos jamás fue acusado ante una corte de justicia.

En estos últimos seis meses también se le cayeron a Justicia dos de los tres casos fabricados contra Jorge Inserni, el de la planta eléctrica y el del Volky. Sin embargo, un tribunal lo encontró culpable de hacer exactamente lo que todos los jefes de agencia que tienen chofer hacen diariamente: utilizar su empleado para mandados personales. Tremendo delito. ¡Wow! Tremendo escándalo de corrupción.

Ese es el mismo Departamento de Justicia, que en diciembre de 2005 anunciaba que ampliaba la investigación criminal sobre Pedro Rosselló y su pensión. En vez de cerrar el caso, Boberto mantuvo abierta la investigación como una espada de Dámocles sobre el abatido líder de la minoría. La misma justicia bobértica, que decidió procesar al ex senador Sergio Peña Clos bajo la Ley de Violencia Doméstica en un caso en donde se alega insultó a su esposa y en el que no hubo agresión física. A un jurado le tomó una hora para absolverlo de delito por proferir palabras soeces. Boberto nunca entendió la diferencia. Aún así, fue tan canalla, que en febrero volvió a designarle un FEI por alegado maltrato emocional por hechos ocurridos en su vida privada y después que salió de senador. De nada importó la protección constitucional contra la doble exposición.

De esos casos, pasamos al sainete del PRIIF. A finales del año pasado, a punto de prescribir los delitos, Boberto se aceleró y radicó acusaciones contra funcionarios menores por supuesta corrupción –en ese otro de los huevos puestos por la Blue Ribbon Commission. En febrero 14, después de dos años de investigación, determinaron liberar "por falta de evidencia" al Contralor Díaz Saldaña que aprobó el fondo del PRIIF. De hecho, en abril se cayó otro caso fabricado contra un empresario acusado de apropiación de incentivos agrícolas en el PRIIF y de hacer donativos ilegales a la campaña de Carlos Pesquera. Un jurado lo absolvió también en tiempo récord. Y hablando de las investigaciones del PRIIF, en marzo 22, la Comisión de Disciplina Judicial exoneró a la jueza Berta Mainardi de cargos éticos que le fabricó la también investigadora del PRIIF, Nilsa García, en el caso del niño lituano. No pegaron una.

El patrón de casos de persecución continuó a todo vapor en este semestre. Actualmente, el procurador mantiene una investigación ética sobre Tomás Rivera Schatz, Aníbal Vega Borges y María Milagros Charbonier, por supuestamente haber difamado en plena campaña electoral a un ex agente del NIE y a su esposa. En vez de desestimar por frívola y abusiva la querella, todavía el Estado mantiene esa espada de Dámocles sobre la plana mayor del partido de minoría. Y para empeorar la situación, en marzo el NIE realizó allanamientos en la alcaldía de Cataño alegando corrupción del alcalde Wilson Soto por recogido de escombros en el huracán Jeanne. El mismo mes, que ordenó apelar la sentencia suspendida en el caso abusivo llevado contra Maritere Pérez Huertas.

La justicia corrupta de la colonia, probablemente tuvo su caso más inhumano con las órdenes de arresto que se hicieron públicas y notorias en plena Semana Santa contra el animador Eddie Miró y su esposa por supuesta evasión contributiva. En los años en que se le acusa de no radicar planilla, Miró e Ita Medina habían perdido su empleo, enfrentaron cáncer, dos operaciones peligrosas y su hija también fue diagnosticada de cáncer. La tragedia humana y el procesamiento abusivo provocó el ingreso de ambos acusados a un hospital de siquiatría. El PPD tenía que mandar un mensaje: el que se oponga al Régimen, le fabricamos caso en Hacienda.

Esa es la justicia corrupta y aberrada del Partido Popular. Parte del récord nefasto del gran Boberto Sánchez Ramos. Honrando la toga para satisfacer la Pava...