Se cantan inocentes en Vivienda (El escandalo olvidado de Sila)

Vivienda se defiende su gestión en comunidades especiales

Por: María Vera
EL VOCERO

El Departamento de la Vivienda defendió ayer su desempeño en el programa de comunidades especiales, aunque aceptó que sólo han construido o rehabilitado el 50 % de las casas prometidas el cuatrienio pasado.

Sin embargo, estos datos contrastan con información que el propio funcionario había divulgado a EL VOCERO la semana pasada en el sentido de que habían cancelado el 90 % de los compromisos contractuales para la construcción de nuevas viviendas.

En una vista de la Comisión cameral de Gobierno, el representante de la agencia, Jorge Fuentes Matta, dijo que Vivienda identificó que se necesitaban rehabilitar o construir unas 11,850 unidades de vivienda.

Al día de hoy, sólo se han rehabilitado 5,054 viviendas y se han construido unas 769 casas. Indicó que un 23 % de las casas prometidas están en construcción y el 11% está en proceso de subasta o contratación.

El Secretario Auxiliar de Desarrollo y Gerencia de Proyectos sostuvo que a finales de este ano deben estar rehabilitadas o construidas el 84% de las casas. El restante 16% estará culminado en diciembre de 2007.

Las palabras de Fuentes Matta fueron cuestionadas por la presidenta de la Comisión, Jennifer González, quien leyó el libro publicado por el Programa de Comunidades Especiales sobre la Autogestión, en el que se prometía que todas las casas estarían listas a finales del 2003.

Fuentes Matta señaló que en muchas comunidades se confrontaron problemas con la obtención de los permisos para la construcción porque están localizadas en zonas inundables.

De hecho, alertó que muchas casas costaron mucho más de lo propuesto precisamente porque se tuvo que invertir dinero para preparar el terreno. En términos generales, las casas tienen un valor promedio de $65,000. Pero hay casos, como en Tocones de Loíza, que costaron $150,000.

En la vista, el funcionario alertó que la agencia canceló diversos contratos para el desarrollo de viviendas por incumplimientos. Hay varios casos ante los tribunales.

Sostuvo que algunos contratos se cancelaron porque los desarrolladores querían aumentar los costos. Aseguró que está prohibido el aumentar los costos de los proyectos en más de un 25%.

La Legisladora cuestionó por qué hay casos, como en Adjuntas, en los que los cambios en los proyectos costaron $3 millones. El costo total del proyecto era de $6 millones. Pero los representantes de Vivienda explicaron que ese proyecto se canceló por incumplimiento del contratista, por lo que se cerró el negocio a la mitad del costo. O sea, que sólo le pagaron la mitad y el proyecto se está subastando nuevamente.

En la vista trascendió que cerca del 10 % de los desarrolladores contratados por Vivienda no están registrados en el Departamento de Estado. Los funcionarios de Vivienda dijeron que ellos se dejan llevar por el registro de la Administración de Servicios Generales.

Fuentes Matta defendió el sistema de inspección de proyectos que tiene el Programa. Explicó que cuentan con gerentes de construcción, ingenieros monitores y coordinadores. Además, celebran reuniones semanales para darle seguimiento a las obras.