AP) — René Vázquez Botet, ex director de campaña de Pedro Rosselló, y Marcos Morell, ex secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), tendrán que cumplir cinco años de cárcel por extorsionar a los contratistas del Superacueducto.
El juez federal José A. Fusté, quien podía sentenciar al dúo a una pena de cárcel de hasta cinco años y 11 meses, también les impuso tres años de libertad supervisada y una multa de $100,000.
‘‘La corrupción ha alcanzado unos niveles increíbles en esta jurisdicción, ha alcanzado la política, las oficinas de gobierno, la Legislatura, los profesionales... Se trata aquí de un doctor y de un abogado, no había necesidad económica para cometer estos actos’’, dijo el juez previo a dictar su sentencia.
Los convictos, a quienes un jurado halló culpables de extorsionar a los contratistas por alrededor de $2.4 millones a cambio de gestionar que el gobierno de Rosselló les otorgara contratos, recibieron tranquilos las sentencias.
Fusté les permitió a ambos entregarse a la oficina de los alguaciles federales, por lo que no fueron esposados en plena sala, como suele ocurrir en las vistas de sentencia.
El hijo de Vázquez Botet, René Vázquez, leyó una declaraciones de su padre reiterando su inocencia.
‘‘En el día de hoy en que me han impuesto injustamente esta sentencia y me separan de mi familia y todos mis seres queridos, me reafirmo en mi inocencia. De qué me vale mentirle si Dios está observando’’, expresó Vázquez Botet en la misiva.
‘‘Quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que tienen información sobre este caso. Les ruego que rompan el silencio, mi libertad está en sus manos’’, añadió.
Miguel Vázquez Botet, un dermatólogo hermano del convicto, instó al contralor Manuel Díaz Saldaña a publicar una auditoría sobre el supertubo que, según dijo, probaría la inocencia del allegado de Rosselló.
‘‘Mi hermano es inocente, vamos a seguir, él ha querido comunicarle al pueblo de Puerto Rico su total inocencia. El caso va en apelación y pronto la verdad de esto se va a saber’’, expresó.
En términos similares se expresó el abogado de Morell, Francisco Rebollo, quien catalogó la sentencia de ‘‘injusta’’ y sostuvo que la verdad del caso no se conocerá hasta que no se divulgue el contenido de cerca de una decena de documentos que permanecen sellados.
‘‘Este caso para nosotros fue una fabricación de arriba a abajo de este individuo Cobián. No va a haber cooperación alguna de parte del licenciado Morell, es inocente, vamos a apelar y no se ha escrito la última palabra sobre este caso todavía’’, sostuvo Rebollo.
La esposa de Morell, Carmen Josefina Casellas Torres, dijo sentirse orgullosa del convicto.
‘‘Estamos bien orgullosos de mi marido y cada día lo vamos a admirar más’’, destacó Casellas Torres.
El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en la Isla, Luis Fraticelli, urgió a los que tengan información sobre el caso a proveerla, y pidió a los ciudadanos que continúen denunciando los casos de corrupción gubernamental.
‘‘El caso del superacueducto es otro ejemplo en el que se viola la confianza del pueblo por individuos que para obtener ganancias personales utilizan sus posiciones para extorsionar a los empresarios. Al final, quien más sufre con estos casos es el pueblo de Puerto Rico’’, apuntó Fraticelli en un parte de prensa.
Morell solicitó cumplir la condena en la cárcel de Pensacola, en el estado de Florida, mientras que Vázquez Botet solicitó cumplirla en alguna prisión del sureste de Estados Unidos.
Los cargos de conspiración, extorsión y lavado de dinero en los que resultaron convictos se relacionan con la presunta solicitud de pagos de soborno que le hicieron los acusados y el convicto ex vicepresidente cameral José Granados Navedo a los desarrolladores que construyeron el supertubo bajo la administración de Rosselló.
El superacueducto, un proyecto de agua, desarrollado bajo la administración del anexionista PNP, costó $305 millones.
Fue una de las obras de infraestructura más ambiciosas del gobierno de Rosselló y consistió de una tubería de cemento de unos 77 kilómetros para llevar agua desde Arecibo hasta el área metropolitana de San Juan.
La obra se propuso luego que Puerto Rico atravesara una intensa sequía que afectó sus abastos de agua durante los primeros años de la década de 1990.
Es patético escuchar a dos charlatanes como Enrique Vázquez Quintana, ex secretario de Salud bajo la administración de Pedro Rosselló, y al alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, venir ahora a echar culpas a Rosselló. El primero fue despedido y el segundo es un “mercenario político” de Luís Fortuño quien dio órdenes de acabar con Rosselló sea como sea.
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