Señalan AAV boicotea tema de status
Por: Ivis M. Negrón Pérez
EL VOCERO
El ex asesor para asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca bajo la administración Clinton, Jeffrey Farrow, apuntó hacia el gobernador Aníbal Acevedo Vilá como el principal opositor para que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos actúen sobre el tema del status político del país. Asimismo, insistió en que la condición territorial mantiene a Puerto Rico en desventaja económica.
Farrow, quien también copresidió el comité interagencial que designó el ex presidente Bill Clinton, sostuvo que a pesar de que Acevedo Vilá ha cabildeado intensamente e insiste en que el Congreso no está interesado en el tema del status de Puerto Rico, el gobierno estadounidense está dispuesto a actuar. Muestra de ello, dijo, es que la Casa Blanca presentó finalmente su informe sobre el tema y el respaldo que recibieron los proyectos presentados este año en el Senado y la Cámara de Representantes federal, dijo Farrow.
"Esto no quiere decir que el gobierno federal está presionando para resolver el asunto. Si los puertorriqueños permiten que los estados tengan el poder de gobernarlos sin representación de Puerto Rico, ¿por qué tienen que oponerse los estados?", cuestionó. El ex funcionario de Casa Blanca ofreció ayer sus perspectivas sobre el "Mensaje Político y Económico de Washington D.C. a Puerto Rico", durante la reunión-almuerzo de la Asociación Interamericana de Hombres de Empresa (AIHE), enfatizando en que no simpatiza con ninguna fórmula de status en específico.
No obstante, reiteró sus críticas al Gobernador y a su propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA), asegurando que no tendrá posibilidades entre las opciones políticas que en el futuro considere el Congreso para Puerto Rico. "El (Acevedo Vilá) y su equipo, sin embargo, no hablan sobre esta opción en Washington D.C.", señaló.
En alusión directa al gobierno de Acevedo Vilá, preguntó cómo el Congreso va a dedicar esfuerzos en atender el tema del status cuando "el Gobernador gasta millones de dólares de sus contribuciones para evitar el progreso". Indicó que hay interés entre republicanos y demócratas en el status de Puerto Rico, como lo probaron las dos medidas bipartitas presentadas en Senado y Cámara, y que fueron impulsadas respectivamente por la administración Acevedo Vilá y el comisionado residente Luis Fortuño.
"Hay varios miembros del Congreso que acordaron con los cabilderos del Gobernador en criticar el informe del equipo interagencial, pero nadie ha respaldado el ELA desarrollado", declaró Farrow.
El ex funcionario hizo un resumen de los recientes informes publicados por el Government Accountability Office (GAO) y el Brookings Institution sobre el desarrollo económico del país. A su juicio, ambos apoyan el argumento de que el final de los beneficios contributivos bajo la Sección 936, no afectaron injustamente la economía puertorriqueña.
9/22/2006
La Iupi
Treinta y tantos
Otra vez fría
PRIMERA HORA > PANORAMA
viernes, 22 de septiembre de 2006
Adria Cruz
Columnista
En la Iupi siempre pasa lo mismo. Cada vez que hay asuntos neurálgicos la administración hace lo que le parece, la mayoría de los estudiantes ni se preocupa por lo que pasa, un grupo -por lo general alguna organización política- se apodera de la representación estudiantil y hace cosas censurables como lo del pasado sábado y entonces la administración universitaria recula y tiene que empezar de nuevo el proceso de participación democrática que en un principio ignoró. ¿Cuándo van a aprender?
Desde que se supo lo de la junta para administrar el teatro y lo del contrato a Ticket Pop para la venta de boletos se comenzó a hablar de protestas y de boicot a las actividades de reapertura. ¿Y qué se creían las autoridades universitarias, que no iba a pasar nada?
Hay demasiadas dudas sobre el tintero. El teatro puede ser de todos, sí, pero sobre todo de los universitarios. En la fórmula actividades académicas/culturales/comerciales las dos primeras tienen que tener prioridad. Y en ésas cae el trabajo de los artistas que tiene la Iupi: los estudiantes de drama, los de música.
Pero también entiendo que son nuevos tiempos, que para mantener el teatro y que no vuelva a pasar lo de antaño es necesario abrir la boletería a la comunidad en general. Lo que no entiendo es por qué hay que excluir de ese proceso a los universitarios. No me refiero sólo a la junta, sino a la cuestión práctica del asunto, como evaluar la posibilidad de manejar el negocio de la boletería desde adentro (a lo mejor no se puede, a lo mejor sí) y darles trabajo a los estudiantes en el teatro, entre otras cosas.
Aplaudo, eso sí, el trabajo que se ha hecho comprometiendo a los ex alumnos con su alma máter. Probablemente por eso es que la protesta del sábado ha causado tanto resentimiento. Allí un grupo atacó, agredió e insultó a gente que vivió la Universidad, que la amó y la sigue amando y por eso contribuyeron a la restauración del teatro. Los invitados esa noche habrían entendido perfectamente una protesta. Vivieron entre protestas. Acaso la mayoría participó en protestas en sus años universitarios. Lo que no podemos entender ni ellos ni los demás es por qué la agresión y los insultos. Mucho menos el que el éxito económico que han alcanzado gracias a su preparación en la Iupi -y que les permite contribuir al mejoramiento de la universidad- sea utilizado para atacarlos. Plis.
Ahora bien, si censurables son las acciones de la administración universitaria y de los comefuego del sábado, más censurable es la de los demás estudiantes y la de las organizaciones estudiantiles "bona fide" que no hacen su trabajo y pasan por la universidad sin saber que pasaron.
Yo sé que son otros tiempos, que ahora los estudiantes trabajan y van a la universidad en carro y que no están el día entero en el recinto como antes. Pero aun así, no puede imponérsele a la administración el mantenimiento y enriquecimiento de la comunidad universitaria, porque la comunidad la componen todos: la administración, los profesores, los demás empleados y, sobre todo, los estudiantes. Todos los estudiantes.
Otra vez fría
PRIMERA HORA > PANORAMA
viernes, 22 de septiembre de 2006
Adria Cruz
Columnista
En la Iupi siempre pasa lo mismo. Cada vez que hay asuntos neurálgicos la administración hace lo que le parece, la mayoría de los estudiantes ni se preocupa por lo que pasa, un grupo -por lo general alguna organización política- se apodera de la representación estudiantil y hace cosas censurables como lo del pasado sábado y entonces la administración universitaria recula y tiene que empezar de nuevo el proceso de participación democrática que en un principio ignoró. ¿Cuándo van a aprender?
Desde que se supo lo de la junta para administrar el teatro y lo del contrato a Ticket Pop para la venta de boletos se comenzó a hablar de protestas y de boicot a las actividades de reapertura. ¿Y qué se creían las autoridades universitarias, que no iba a pasar nada?
Hay demasiadas dudas sobre el tintero. El teatro puede ser de todos, sí, pero sobre todo de los universitarios. En la fórmula actividades académicas/culturales/comerciales las dos primeras tienen que tener prioridad. Y en ésas cae el trabajo de los artistas que tiene la Iupi: los estudiantes de drama, los de música.
Pero también entiendo que son nuevos tiempos, que para mantener el teatro y que no vuelva a pasar lo de antaño es necesario abrir la boletería a la comunidad en general. Lo que no entiendo es por qué hay que excluir de ese proceso a los universitarios. No me refiero sólo a la junta, sino a la cuestión práctica del asunto, como evaluar la posibilidad de manejar el negocio de la boletería desde adentro (a lo mejor no se puede, a lo mejor sí) y darles trabajo a los estudiantes en el teatro, entre otras cosas.
Aplaudo, eso sí, el trabajo que se ha hecho comprometiendo a los ex alumnos con su alma máter. Probablemente por eso es que la protesta del sábado ha causado tanto resentimiento. Allí un grupo atacó, agredió e insultó a gente que vivió la Universidad, que la amó y la sigue amando y por eso contribuyeron a la restauración del teatro. Los invitados esa noche habrían entendido perfectamente una protesta. Vivieron entre protestas. Acaso la mayoría participó en protestas en sus años universitarios. Lo que no podemos entender ni ellos ni los demás es por qué la agresión y los insultos. Mucho menos el que el éxito económico que han alcanzado gracias a su preparación en la Iupi -y que les permite contribuir al mejoramiento de la universidad- sea utilizado para atacarlos. Plis.
Ahora bien, si censurables son las acciones de la administración universitaria y de los comefuego del sábado, más censurable es la de los demás estudiantes y la de las organizaciones estudiantiles "bona fide" que no hacen su trabajo y pasan por la universidad sin saber que pasaron.
Yo sé que son otros tiempos, que ahora los estudiantes trabajan y van a la universidad en carro y que no están el día entero en el recinto como antes. Pero aun así, no puede imponérsele a la administración el mantenimiento y enriquecimiento de la comunidad universitaria, porque la comunidad la componen todos: la administración, los profesores, los demás empleados y, sobre todo, los estudiantes. Todos los estudiantes.
Vídeo 59, puro circo político
No hubo acto criminal en escándalo por vídeo 59
PRIMERA HORA > PANORAMA
viernes, 22 de septiembre de 2006
NotiRed
El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció hoy, viernes, que luego de analizar el referido que hizo el Senado en torno a la investigación realizada sobre el vídeo 59, determinó que los senadores Norma Burgos y Roberto Arango, así como el presidente cameral, José Aponte, no cometieron ningún delito al denunciar la existencia del pietaje.
Sin embargo, el Secretario de Justicia refirió a los tres legisladores al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para que esa dependencia determine si los legisladores cometieron algún delito. Sánchez Ramos adelantó que recomendó que no se le asigne un FEI.
"Sí, el proceso no hay concluido, aunque el asunto debe ser tratado con la conclusión de que no han cometido un delito; pero no termina aquí, porque se refiere al Panel del FEI", dijo Sánchez Ramos en conferencia celebrada en la sede de Justicia en Miramar.
Así mismo, el funcionario explicó que su determinación se fundamentó estrictamente en el informe que le refirió la Comisión Especial del Senado que se creó para investigar el alegado esquema de persecución política en contra del senador estadista Carlos Díaz, tras denunciar la existencia de un video que lo mostraba despidiéndose con un beso de una empleada.
Sánchez Ramos destacó que aunque su análisis revela que los legisladores no incurrieron en un acto criminal estos sí deben "analizar lo que es un conducta ética y correcta en esta sociedad".
Una vez más quedo demostrada la incompetencia y charlatanería del reino animal de la legislatura del país (en el Senado Popular especialmente). Aquí el mejor que salio en todo esto fue el patán de investigadorcito que contrataron los “auténticos decadentes” del Senado, José Sánchez Acosta. Este buscón se aprovecho de todos y los cogio de tontejos (que raro, jajaja) para chupar hasta la saciedad de la teta publica. Hasta tomo impulso su carrera como analisto patético (analista político). Resultado: esta cochina investigación y el gasto en el que se incurrió fue innecesario ya que ocurrió lo que ya todo el mundo sabia que ocurriría, esto no llego a nada. Se pudieron haber ahorrado el dinero que yo y muchos otros tenemos que pagar en contribuciones para algo más importante que para esta charlatanería.
PRIMERA HORA > PANORAMA
viernes, 22 de septiembre de 2006
NotiRed
El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció hoy, viernes, que luego de analizar el referido que hizo el Senado en torno a la investigación realizada sobre el vídeo 59, determinó que los senadores Norma Burgos y Roberto Arango, así como el presidente cameral, José Aponte, no cometieron ningún delito al denunciar la existencia del pietaje.
Sin embargo, el Secretario de Justicia refirió a los tres legisladores al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para que esa dependencia determine si los legisladores cometieron algún delito. Sánchez Ramos adelantó que recomendó que no se le asigne un FEI.
"Sí, el proceso no hay concluido, aunque el asunto debe ser tratado con la conclusión de que no han cometido un delito; pero no termina aquí, porque se refiere al Panel del FEI", dijo Sánchez Ramos en conferencia celebrada en la sede de Justicia en Miramar.
Así mismo, el funcionario explicó que su determinación se fundamentó estrictamente en el informe que le refirió la Comisión Especial del Senado que se creó para investigar el alegado esquema de persecución política en contra del senador estadista Carlos Díaz, tras denunciar la existencia de un video que lo mostraba despidiéndose con un beso de una empleada.
Sánchez Ramos destacó que aunque su análisis revela que los legisladores no incurrieron en un acto criminal estos sí deben "analizar lo que es un conducta ética y correcta en esta sociedad".
Una vez más quedo demostrada la incompetencia y charlatanería del reino animal de la legislatura del país (en el Senado Popular especialmente). Aquí el mejor que salio en todo esto fue el patán de investigadorcito que contrataron los “auténticos decadentes” del Senado, José Sánchez Acosta. Este buscón se aprovecho de todos y los cogio de tontejos (que raro, jajaja) para chupar hasta la saciedad de la teta publica. Hasta tomo impulso su carrera como analisto patético (analista político). Resultado: esta cochina investigación y el gasto en el que se incurrió fue innecesario ya que ocurrió lo que ya todo el mundo sabia que ocurriría, esto no llego a nada. Se pudieron haber ahorrado el dinero que yo y muchos otros tenemos que pagar en contribuciones para algo más importante que para esta charlatanería.
9/18/2006
Sube el telon
Lo sucedido el sábado en la noche frente a la magistral estructura del Teatro de la UPR es un acto bochornoso y asqueante cortesía de los mismo hijos de su madre de siempre, la Juventud Socialistas. Tras 10 largos años de esperas fue patético ver como casi 2,000 personas (entre ellos personas de mayor edad e impedidos) pedían a gritos entrar al Teatro mientras un grupito de menos de 50 gatos seguía con la jodienda de aquí mandamos nosotros. Ya es hora de que la policía entre a la UPR. Maldigo la hora en que se creo la autonomía universitaria. Esa “autonomía” no implica que la universidad deba estar al margen de la ley. Ya es hora de que comiencen a sacar los “pepper spray” y las macanas para darle vergüenza a este grupito de vagos que para lo único que van a la UPR es a joder y no a prepararse profesionalmente. Ya es hora de que se termine con los jodios encapuchados, métanlos presos a todos. Estar encapuchado es ser un cobarde y es ilegal. Donde terminan los derechos de estos bastardos comienzan los nuestros. No es justo que la comunidad universitaria se vea afectada por culpa de un grupo “minoritario” que se cree que son los dueños absolutos de la UPR. Estos idiotas ni siquiera pueden pagar un jodio “parking” ya que según ellos, el dinero no les da. Estos individuos, en su mayoría anti-norteamericanos, disfrutan de los beneficios de las becas “pell” con la cual pagan sus autos y lujos (bebelatería) y no le dan el uso que se supone (puramente educativo). Yo fui estudiante de una universidad privada donde los gastos son muchísimos más altos que los que pagan ellos y a mi no se me ha caído un canto. Me fui a trabajar y aun sin la ayuda de la beca (la cual me quitaron por mis ingresos que no son una cosa del otro mundo) me gradué sin necesidad de trancar mi universidad a fuerza de cojones. No pude disfrutar de los beneficios de la UPR por culpa de las pendejerías de este grupito. Muchos al igual que yo nos vimos obligado a ir a universidades privadas (que son caras) para poder estudiar en un ambiente de seguridad y tranquilidad y no en uno de anarquía y comunismo. Esto hay que pararlo ya, COÑO!!!... Para colmo estos charlatanes ahora amenazan con boicotear a Serrat, un icono de los izquierdistas, ayyy mi madre.
Fuego!!!, fuego!!!...llamen a los bomberos (PNP)
PNP 2008Por: Thomas Rivera Schatz
Secretario General PNP
Pronto culminaremos nuestro proceso de reorganización y comenzará el periodo preeleccionario que exigirá de nuestra colectividad preparar unos equipos electorales, de finanzas y políticos que mantengan la fuerza institucional del Partido Nuevo Progresista a unos niveles de ejecución y efectividad que permitan un triunfo electoral, sin depender exclusivamente de la persona que se convierta en el candidato a la gobernación, bien sea porque éste prevaleció en una primaria o porque logró el consenso, evitando la primaria.
Hace algún tiempo sugerí que los compañeros mencionados como potenciales candidatos a la gobernación de mi partido, iniciaran conversaciones con el fin de enfocar las prioridades e intentar lograr un consenso en todo aquello que sea posible. Mi propuesta fue interpretada equivocadamente por un compañero que "envalentonado" por las "encuestas" que le "prepararon allegados" esgrimía como argumento que los asuntos no se atienden en "cuartos oscuros y que no puede designarse candidatos con el dedo".
Recientemente, varios alcaldes y legisladores han coincidido que el mejor escenario sería resolver las candidaturas sin confrontación, con diálogo y la más amplia participación de nuestra base. Ello no implica que si hubiese más de un compañero o compañera interesado en aspirar se le negaría el derecho a primarias. La inferencia correcta es que se dialoga con la mejor buena fe, se intenta el consenso, pero se reconoce y respeta el derecho a las primarias no tan sólo para los aspirantes, sino que además para nuestros electores que siempre tienen la última palabra, con su voto.
Las encuestas, sondeos y proyecciones de hoy, pueden variar significativamente en el futuro. Esa ha sido la experiencia. De ahí nace el sabio consejo de Don Carlos Romero Barceló, "es temprano para hablar de candidaturas". En el 1992, Melo Muñoz, se proyectaba invencible, duplicaba los números de sus oponentes. Cuando llegó el momento de la verdad, se desinfló, desaparecieron sus "impresionantes ventajas en las encuestas" y perdió aparatosamente.
La historia política nos confirma que candidatos o partidos que ganan encuestas han perdido elecciones. La historia también nos ha enseñado que figuras que se proyectan como candidatos finalmente no aspiran y figuras que niegan intenciones de aspirar se convierten en candidatos.
Exhorto a nuestros afiliados a ser juiciosos al evaluar candidatos. Sólo debemos respaldar a quienes tienen un compromiso genuino con la colectividad, que es el instrumento para traer progreso y bienestar a Puerto Rico. No podemos convertirnos en otro partido colonialista.
Resulta ofensivo tener que soportar "analistas", "politólogos" y ciertos "expertos" recetándole a mí partido candidatos o fórmulas de triunfo, cuando esos mismos personajes no votan por nuestro partido, ni por nuestros candidatos. Peor aún, esos "comentaristas" son los que impulsan el candidato débil para luego aniquilarlo atacando su carácter, inexperiencia o cualquier otro defecto que pueda atribuírsele.
Mucho se ha hablado y tergiversado sobre el resultado de las pasadas elecciones.
Nuestro partido mejoró sustancialmente en términos de votos obtenidos cuando lo comparamos con la elección anterior (2000). Además del aumento en los votos del candidato a gobernador y voto íntegro, logramos en el 2004, el Comisionado Residente, los 6 Senadores por Acumulación, los 6 Representantes por Acumulación, 11 de los 16 Senadores de Distrito, 26 de los 40 Representantes de Distrito y 42 de los 78 Alcaldes. En el 2000 sólo logramos ganar el 40.54% de las candidaturas. En el 2004 logramos el 62.16%.
Pedro Rosselló obtuvo la mayor cantidad de votos en comparación con nuestro partido y cualquier otro candidato que aspiró a nivel estatal, a saber:
Pedro Rosselló 959,737
Luis Fortuño 956,828 (2,909 menos que Rosselló)
Partido Nuevo Progresista 926,619 (33,118 menos que Rosselló)
Si examinamos los resultados por papeletas, los datos son más impactantes.
Voto Integro Papeleta Estatal 926,619 (Gobernador y Comisionado Residente)
Voto Integro Papeleta Legislativa 786,476 (140,143 menos que el PNP) (Senadores y Representantes)
Voto Integro Papeleta Municipal 920,722 (5,897 menos que el PNP) (78 Alcaldes)
Observe que el total de la papeleta estatal y la municipal es bastante parecido. La diferencia que impacta es la que existe entre la papeleta estatal y la legislativa. Obtuvimos 140,143 votos menos en la papeleta legislativa. Comparemos votos entre senadores y representantes por acumulación.
A los candidatos por acumulación al Senado y Cámara, se les asignan precintos en pareja. Entiéndase que un candidato a senador y uno a representante van a acumular votos en los mismos precintos. La expectativa es que obtengan la misma cantidad de votos o una bastante parecida. Ello no ocurrió. Veamos. La candidata al senado Lucy Arce, acumuló en los mismos precintos que el candidato a representante José Aponte. El actual Presidente de la Cámara obtuvo 16,664 votos más que Lucy Arce. El senador Orlando Parga acumuló en los mismos precintos que Lourdes Ramos, y la representante obtuvo 11,729 votos más que el actual Vicepresidente del Senado. El Senador McClintock acumuló en los mismos precintos que el Representante Rolando Crespo, y el representante obtuvo 12,074 votos más que el actual Presidente del Senado. De Castro acumuló en los mismos precintos que la Representante Iris Miriam Ruiz y nuestra Portavoz de la Cámara, obtuvo 11,302 votos más que "Ñaño".
La legisladora por acumulación que más votos obtuvo fue Norma Burgos, rebasando por 17,957 votos a cualquier otro candidato. Quiero resaltar el hecho que ni Lucy ni Orlando ni McClintock o De Castro obtuvieron un solo voto adicional a los que produjo el partido. De hecho, obtuvieron menos votos que el partido.
Ofrezco estos datos para que nos sirvan de criterio –de guía– al momento de considerar quién atrae votos y quién no.
No olvidemos la elección de 1980. El candidato del PPD, Hernández Colón perdió por cerca de 3,000 votos. Regresó en el 1984, ganó por 53,750. En las elecciones del 2000, nuestros candidatos a las alcaldías de Salinas, Santa Isabel y Aguada perdieron por escaso margen. Regresaron en el 2004 y ganaron.
El pensamiento político y la opinión del elector cambian constantemente. Lo importante es que la estructura política esté saludable, fuerte, enfocada y que el candidato sea un verdadero líder, capaz de provocar ese cambio con ideas y posturas claras. El híbrido, lo gris, nunca provoca cambios o gana adeptos. Lo demás es materia de entretenimiento para "analistas" y "politólogos".
Si alguien tiene alguna duda sobre los numeritos dados por Tommy pueden corroborarlos en el siguiente “link”:
9/14/2006
¿El voto, es un derecho? (Ñetas)
A sopesar el voto de los confinados
Editorial de El Nuevo Día
12-Septiembre-2006
Transcurridos 26 años desde que el Partido Nuevo Progresista le dio a los confinados el derecho al voto como un acto de conveniencia política, el presidente de esa colectividad ahora dice que fue un error.
La declaración de Pedro Rosselló ha puesto nuevamente en la palestra pública el debate de si un derecho tan fundamental de nuestra democracia, como es el voto, debió haber sido extendido a aquéllos que han transgredido con sus viles actos las reglas de conducta requeridas por la sociedad.
De inmediato el senador popular Eudaldo Báez Galib emplazó al también senador Rosselló para que presente y apruebe legislación que cierre el paso de los presos a las urnas si, en efecto, cree que la instauración de ese derecho a los encarcelados fue un error garrafal de su partido.
Asimismo, el secretario de Corrección, Miguel Pereira, reaccionó opinando que no hace sentido permitir que los reos continúen con su derecho al voto como cualquier otra persona en la libre comunidad, pudiendo incluso impactar el resultado electoral.
Quitar derechos legislados es un asunto sumamente delicado. No importa cuál sea el derrotero que tome el debate sobre el derecho al voto de los presos, la evaluación de este asunto debe estar enmarcado, y debe ser discutido, fuera de todo apasionamiento político.
En Puerto Rico, la privación del derecho al voto era un elemento cardinal del castigo de aquellos condenados por sus delitos hasta 1980. La idea de instaurar ese derecho a la población penal fue impulsada y convertida en ley por el entonces gobernador novoprogresista, Carlos Romero Barceló, que buscaba el favor político de los confinados para su reelección.
Los presos votaron, Romero Barceló revalidó y, desde entonces, el PNP como colectividad ha defendido a brazo partido esa decisión que coloca a Puerto Rico en la compañía de los estados de Maine y Vermont, los únicos en el continente que no le cancelan el derecho al voto a los encarcelados.
El Partido Popular Democrático, que desde que se otorgó el derecho al voto a los reos ha estado en el poder en cuatro ocasiones, nunca se ha planteado quitarle la franquicia electoral a los presos como parte de su castigo.
La explicación para esta conducta de ambos partidos se reduce a números. En el sistema penal del país hay unos 16,000 confinados; las elecciones de 2004 se decidieron por 3,500 votos. Haga usted la matemática y el resultado se reduce a un asunto de conveniencia política.
Sobre este tema, en los Estados Unidos la postura que prevalece es de mano dura. Ser parte de una sociedad conlleva privilegios y responsabilidades y todo aquél que abuse y violente las leyes se expone a perder la libertad y el derecho al sufragio. Se estima que 5.3 millones de americanos, o uno de cada 40 adultos, han perdido permanentemente el derecho al voto como resultado de convicciones por diversos delitos.
El Viejo Mundo es de otro pensar. La mayoría de los países de la Unión Europea permiten que los presos voten en los comicios electorales. Y otros, como Canadá, le extienden el derecho al sufragio a convictos que cumplen sentencias menores de dos años.
En Puerto Rico, cualquier acción que pretenda quitar el derecho que ha venido disfrutando la población de los confinados por casi tres décadas debe estudiarse a profundidad y tiene que estar fundamentada dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Ya en una ocasión los encarcelados fueron utilizados como balón político. Esta no debe ser una de esas veces.
Romero cometió un maldito error. Es una verguenza que en este país un confinado tenga el mismo poder que tiene un ciudadano que nunca a cometido una falta. Quitando la politiquería, la realidad es que esto se debe corregir prontamente sin importar el costo. La realidad es que la mayoría de los ciudadanos están a favor de quitarle ese "derecho" a los confinados.
Editorial de El Nuevo Día
12-Septiembre-2006
Transcurridos 26 años desde que el Partido Nuevo Progresista le dio a los confinados el derecho al voto como un acto de conveniencia política, el presidente de esa colectividad ahora dice que fue un error.
La declaración de Pedro Rosselló ha puesto nuevamente en la palestra pública el debate de si un derecho tan fundamental de nuestra democracia, como es el voto, debió haber sido extendido a aquéllos que han transgredido con sus viles actos las reglas de conducta requeridas por la sociedad.
De inmediato el senador popular Eudaldo Báez Galib emplazó al también senador Rosselló para que presente y apruebe legislación que cierre el paso de los presos a las urnas si, en efecto, cree que la instauración de ese derecho a los encarcelados fue un error garrafal de su partido.
Asimismo, el secretario de Corrección, Miguel Pereira, reaccionó opinando que no hace sentido permitir que los reos continúen con su derecho al voto como cualquier otra persona en la libre comunidad, pudiendo incluso impactar el resultado electoral.
Quitar derechos legislados es un asunto sumamente delicado. No importa cuál sea el derrotero que tome el debate sobre el derecho al voto de los presos, la evaluación de este asunto debe estar enmarcado, y debe ser discutido, fuera de todo apasionamiento político.
En Puerto Rico, la privación del derecho al voto era un elemento cardinal del castigo de aquellos condenados por sus delitos hasta 1980. La idea de instaurar ese derecho a la población penal fue impulsada y convertida en ley por el entonces gobernador novoprogresista, Carlos Romero Barceló, que buscaba el favor político de los confinados para su reelección.
Los presos votaron, Romero Barceló revalidó y, desde entonces, el PNP como colectividad ha defendido a brazo partido esa decisión que coloca a Puerto Rico en la compañía de los estados de Maine y Vermont, los únicos en el continente que no le cancelan el derecho al voto a los encarcelados.
El Partido Popular Democrático, que desde que se otorgó el derecho al voto a los reos ha estado en el poder en cuatro ocasiones, nunca se ha planteado quitarle la franquicia electoral a los presos como parte de su castigo.
La explicación para esta conducta de ambos partidos se reduce a números. En el sistema penal del país hay unos 16,000 confinados; las elecciones de 2004 se decidieron por 3,500 votos. Haga usted la matemática y el resultado se reduce a un asunto de conveniencia política.
Sobre este tema, en los Estados Unidos la postura que prevalece es de mano dura. Ser parte de una sociedad conlleva privilegios y responsabilidades y todo aquél que abuse y violente las leyes se expone a perder la libertad y el derecho al sufragio. Se estima que 5.3 millones de americanos, o uno de cada 40 adultos, han perdido permanentemente el derecho al voto como resultado de convicciones por diversos delitos.
El Viejo Mundo es de otro pensar. La mayoría de los países de la Unión Europea permiten que los presos voten en los comicios electorales. Y otros, como Canadá, le extienden el derecho al sufragio a convictos que cumplen sentencias menores de dos años.
En Puerto Rico, cualquier acción que pretenda quitar el derecho que ha venido disfrutando la población de los confinados por casi tres décadas debe estudiarse a profundidad y tiene que estar fundamentada dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Ya en una ocasión los encarcelados fueron utilizados como balón político. Esta no debe ser una de esas veces.
Romero cometió un maldito error. Es una verguenza que en este país un confinado tenga el mismo poder que tiene un ciudadano que nunca a cometido una falta. Quitando la politiquería, la realidad es que esto se debe corregir prontamente sin importar el costo. La realidad es que la mayoría de los ciudadanos están a favor de quitarle ese "derecho" a los confinados.
9/11/2006
9/08/2006
La corrupción tiene nombre y apellido: Partido Popular Democrático
Ante el Gran Jurado federal Aníbal José Torres
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres compareció en la tarde de ayer ante el Gran Jurado federal que investiga supuestos donativos ilegales al comité de campaña de Aníbal Acevedo Vilá, cuando era candidato a la Comisaría Residente.Asimismo, testificó el director de Finanzas de la colectividad, Angel Triana.
Asimismo, testificó el director de Finanzas de la colectividad, Angel Triana.Torres fue escoltado por la fiscal a cargo del caso, María Domínguez, de camino a la sala del Gran Jurado. Torres declaró por unos 15 minutos y a su salida del Tribunal Federal dijo que el interrogatorio se circunscribió a información sobre contribuyentes a la campaña para Comisionado Residente en el año 2002.
"Las preguntas básicamente se circunscriben en unas personas en Filadelfia (el empresario demócrata Robert Feldman y su socio Cándido Negrón) que aparentemente hicieron algún donativo a la campaña de Comisionado Residente y mi participación era para informarle (al Gran Jurado) lo que tenía el partido, qué tipo de documentos obraba en poder del Partido –de esa campaña en aquel momento– y si teníamos información de alguna de estas personas. Esa fue mi participación y como siempre hemos dicho, estamos en la mejor disposición de colaborar los oficiales del Partido con toda la información que se nos pida y estaremos cooperando con toda la investigación", afirmó Torres, quien apuntó que la colectividad no tiene información de esas personas.
Manifestó que no fue cuestionado sobre la participación o el conocimiento de Acevedo Vilá sobre estos donativos. Negó que se le haya cuestionado sobre algún otro funcionario del PPD. Señaló que para la comparecencia de ayer no se le solicitaron documentos adicionales a los que ya le ha entregado al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Negociado Federal de Rentas Internas (IRS). Entre estos documentos figuran copias de cheques, listados telefónicos, copias de comunicaciones dirigidas entre funcionarios del Partido, hojas de depósito, los informes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y documentos sobre actividades de recaudación de fondos con el nombre de estos contribuyentes.
De hecho, mencionó que las autoridades federales también le han pedido informes desde el 2000 hasta el 2006. Destacó que los documentos solicitados no se han limitado a Feldman. Mientras, su abogado, Jorge Martínez indicó que se le pidieron informes del 2006 y documentos de Partido y campaña del Gobernador". Torres dijo desconocer la cantidad de los donativos que son investigados por las autoridades federales.
"Hubo unos donativos a la campaña de Comisionado Residente, donativos que se reportaron en los informes, que como siempre hemos dicho, de nuestra parte y de parte de la Campaña de Comisionado Residente de Aníbal Acevedo Vilá, todos los donativos que se recibieron, se recibieron conforme a la ley y así obra en los informes de la Comisión Federal de Elecciones", apuntó el ex Secretario de la Gobernación.
Expresó que no creía que Feldman hubiera hecho donativos a la campaña de Acevedo Vilá para la gobernación. Dijo desconocer a cuánto ascendían los donativos, "no me preguntaron cuánto, ni dónde. Sí les dije cuál es el procedimiento para informarlos y todos los donativos que recibió el Partido y la campaña del Gobernador y la campaña de Comisionado Residente en el 2000, todos fueron informados a la CEE y en la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés)".
Torres opinó que la investigación del Gran Jurado es sobre Feldman y Negrón, no así sobre Acevedo Vilá. "Básicamente todas las preguntas se relacionan a este grupo de personas. Eso, pues, que ellos respondan en el ámbito federal. No tiene nada que ver con nosotros", afirmó.
Indicó que los donativos no fueron devueltos, al argumentar que los mismos cumplen con la ley.
Durante el mes de junio, el periódico "The Philadelphia Inquirer" informó que Feldman en conjunto con Negrón, solicitaron los donativos para la campaña de Acevedo Vilá como Comisionado Residente. De acuerdo al diario, las autoridades sospechan que decenas de miles de dólares de la campaña de Acevedo Vilá eran ficticios. Es decir, donativos hechos a nombre de unas personas, que de acuerdo a la pesquisa, han declarado que no hicieron los donativos.
El pasado 22 de junio, el oficial de Prensa del FBI, Harry Rodríguez informó a la Prensa que esa agencia tiene la jurisdicción para investigar violaciones a las leyes financieras sobre campañas federales tales como "excessive, corporate and straw contributions". Esto trata de cuando un contribuyente llega al límite de los donativos a un candidato y luego continúa haciéndolos a nombre de terceras personas. Antes del 2003, la cantidad límite era de $1,000 y actualmente, es de $2,000.
Torres dijo que no le preguntaron de cantidades de donativos.
A preguntas de sobre si esta pesquisa lacera la imagen del Gobernador y del Partido, comentó que "de nuestra parte estamos tranquilos. Es un proceso en el que nosotros tenemos que cooperar y que estamos cooperando, no es una investigación contra el PPD, ni contra el candidato. Aquí de lo que yo he entendido del proceso, se están investigando unas personas de Filadelfia".
De igual forma, afirmó que el Gobernador no ha sido entrevistado, ni citado por las autoridades federales. Opinó que a base del interrogatorio ante el Gran Jurado, no prevé que Acevedo Vilá vaya a ser entrevistado por la Fiscalía o el FBI.
Ramón Velasco, ex tesorero de la campaña de Acevedo Vilá para la Comisaría Residente fue entrevistado por el FBI.
Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz expresó en entrevista radial (Wapa Radio) que "creo que nadie le va a creer esa mentira a Josie (Torres). Ya el Gobierno Federal sabe que Aníbal violó la ley... les piden papeles porque el PPD está involucrado. Sí es tarjeta Aníbal, por eso fue que pidieron sus planillas en Hacienda".
Tiembla Puerta de Tierra!!!... Corre y corre en Fortaleza!!!... Reportan que en las últimas horas los baños de la Mansión Ejecutiva están teniendo problemas ya que se tapan constantemente, jeje!!!... El gobe pide a gritos que no quiere que el mameluco sea chinita sino rojo!!!, jajaja...
Por: Melissa Correa Velázquez
EL VOCERO
El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres compareció en la tarde de ayer ante el Gran Jurado federal que investiga supuestos donativos ilegales al comité de campaña de Aníbal Acevedo Vilá, cuando era candidato a la Comisaría Residente.Asimismo, testificó el director de Finanzas de la colectividad, Angel Triana.
Asimismo, testificó el director de Finanzas de la colectividad, Angel Triana.Torres fue escoltado por la fiscal a cargo del caso, María Domínguez, de camino a la sala del Gran Jurado. Torres declaró por unos 15 minutos y a su salida del Tribunal Federal dijo que el interrogatorio se circunscribió a información sobre contribuyentes a la campaña para Comisionado Residente en el año 2002.
"Las preguntas básicamente se circunscriben en unas personas en Filadelfia (el empresario demócrata Robert Feldman y su socio Cándido Negrón) que aparentemente hicieron algún donativo a la campaña de Comisionado Residente y mi participación era para informarle (al Gran Jurado) lo que tenía el partido, qué tipo de documentos obraba en poder del Partido –de esa campaña en aquel momento– y si teníamos información de alguna de estas personas. Esa fue mi participación y como siempre hemos dicho, estamos en la mejor disposición de colaborar los oficiales del Partido con toda la información que se nos pida y estaremos cooperando con toda la investigación", afirmó Torres, quien apuntó que la colectividad no tiene información de esas personas.
Manifestó que no fue cuestionado sobre la participación o el conocimiento de Acevedo Vilá sobre estos donativos. Negó que se le haya cuestionado sobre algún otro funcionario del PPD. Señaló que para la comparecencia de ayer no se le solicitaron documentos adicionales a los que ya le ha entregado al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Negociado Federal de Rentas Internas (IRS). Entre estos documentos figuran copias de cheques, listados telefónicos, copias de comunicaciones dirigidas entre funcionarios del Partido, hojas de depósito, los informes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y documentos sobre actividades de recaudación de fondos con el nombre de estos contribuyentes.
De hecho, mencionó que las autoridades federales también le han pedido informes desde el 2000 hasta el 2006. Destacó que los documentos solicitados no se han limitado a Feldman. Mientras, su abogado, Jorge Martínez indicó que se le pidieron informes del 2006 y documentos de Partido y campaña del Gobernador". Torres dijo desconocer la cantidad de los donativos que son investigados por las autoridades federales.
"Hubo unos donativos a la campaña de Comisionado Residente, donativos que se reportaron en los informes, que como siempre hemos dicho, de nuestra parte y de parte de la Campaña de Comisionado Residente de Aníbal Acevedo Vilá, todos los donativos que se recibieron, se recibieron conforme a la ley y así obra en los informes de la Comisión Federal de Elecciones", apuntó el ex Secretario de la Gobernación.
Expresó que no creía que Feldman hubiera hecho donativos a la campaña de Acevedo Vilá para la gobernación. Dijo desconocer a cuánto ascendían los donativos, "no me preguntaron cuánto, ni dónde. Sí les dije cuál es el procedimiento para informarlos y todos los donativos que recibió el Partido y la campaña del Gobernador y la campaña de Comisionado Residente en el 2000, todos fueron informados a la CEE y en la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés)".
Torres opinó que la investigación del Gran Jurado es sobre Feldman y Negrón, no así sobre Acevedo Vilá. "Básicamente todas las preguntas se relacionan a este grupo de personas. Eso, pues, que ellos respondan en el ámbito federal. No tiene nada que ver con nosotros", afirmó.
Indicó que los donativos no fueron devueltos, al argumentar que los mismos cumplen con la ley.
Durante el mes de junio, el periódico "The Philadelphia Inquirer" informó que Feldman en conjunto con Negrón, solicitaron los donativos para la campaña de Acevedo Vilá como Comisionado Residente. De acuerdo al diario, las autoridades sospechan que decenas de miles de dólares de la campaña de Acevedo Vilá eran ficticios. Es decir, donativos hechos a nombre de unas personas, que de acuerdo a la pesquisa, han declarado que no hicieron los donativos.
El pasado 22 de junio, el oficial de Prensa del FBI, Harry Rodríguez informó a la Prensa que esa agencia tiene la jurisdicción para investigar violaciones a las leyes financieras sobre campañas federales tales como "excessive, corporate and straw contributions". Esto trata de cuando un contribuyente llega al límite de los donativos a un candidato y luego continúa haciéndolos a nombre de terceras personas. Antes del 2003, la cantidad límite era de $1,000 y actualmente, es de $2,000.
Torres dijo que no le preguntaron de cantidades de donativos.
A preguntas de sobre si esta pesquisa lacera la imagen del Gobernador y del Partido, comentó que "de nuestra parte estamos tranquilos. Es un proceso en el que nosotros tenemos que cooperar y que estamos cooperando, no es una investigación contra el PPD, ni contra el candidato. Aquí de lo que yo he entendido del proceso, se están investigando unas personas de Filadelfia".
De igual forma, afirmó que el Gobernador no ha sido entrevistado, ni citado por las autoridades federales. Opinó que a base del interrogatorio ante el Gran Jurado, no prevé que Acevedo Vilá vaya a ser entrevistado por la Fiscalía o el FBI.
Ramón Velasco, ex tesorero de la campaña de Acevedo Vilá para la Comisaría Residente fue entrevistado por el FBI.
Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz expresó en entrevista radial (Wapa Radio) que "creo que nadie le va a creer esa mentira a Josie (Torres). Ya el Gobierno Federal sabe que Aníbal violó la ley... les piden papeles porque el PPD está involucrado. Sí es tarjeta Aníbal, por eso fue que pidieron sus planillas en Hacienda".
Tiembla Puerta de Tierra!!!... Corre y corre en Fortaleza!!!... Reportan que en las últimas horas los baños de la Mansión Ejecutiva están teniendo problemas ya que se tapan constantemente, jeje!!!... El gobe pide a gritos que no quiere que el mameluco sea chinita sino rojo!!!, jajaja...
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