¿El voto, es un derecho? (Ñetas)

A sopesar el voto de los confinados

Editorial de El Nuevo Día

12-Septiembre-2006

Transcurridos 26 años desde que el Partido Nuevo Progresista le dio a los confinados el derecho al voto como un acto de conveniencia política, el presidente de esa colectividad ahora dice que fue un error.

La declaración de Pedro Rosselló ha puesto nuevamente en la palestra pública el debate de si un derecho tan fundamental de nuestra democracia, como es el voto, debió haber sido extendido a aquéllos que han transgredido con sus viles actos las reglas de conducta requeridas por la sociedad.

De inmediato el senador popular Eudaldo Báez Galib emplazó al también senador Rosselló para que presente y apruebe legislación que cierre el paso de los presos a las urnas si, en efecto, cree que la instauración de ese derecho a los encarcelados fue un error garrafal de su partido.

Asimismo, el secretario de Corrección, Miguel Pereira, reaccionó opinando que no hace sentido permitir que los reos continúen con su derecho al voto como cualquier otra persona en la libre comunidad, pudiendo incluso impactar el resultado electoral.

Quitar derechos legislados es un asunto sumamente delicado. No importa cuál sea el derrotero que tome el debate sobre el derecho al voto de los presos, la evaluación de este asunto debe estar enmarcado, y debe ser discutido, fuera de todo apasionamiento político.

En Puerto Rico, la privación del derecho al voto era un elemento cardinal del castigo de aquellos condenados por sus delitos hasta 1980. La idea de instaurar ese derecho a la población penal fue impulsada y convertida en ley por el entonces gobernador novoprogresista, Carlos Romero Barceló, que buscaba el favor político de los confinados para su reelección.

Los presos votaron, Romero Barceló revalidó y, desde entonces, el PNP como colectividad ha defendido a brazo partido esa decisión que coloca a Puerto Rico en la compañía de los estados de Maine y Vermont, los únicos en el continente que no le cancelan el derecho al voto a los encarcelados.

El Partido Popular Democrático, que desde que se otorgó el derecho al voto a los reos ha estado en el poder en cuatro ocasiones, nunca se ha planteado quitarle la franquicia electoral a los presos como parte de su castigo.

La explicación para esta conducta de ambos partidos se reduce a números. En el sistema penal del país hay unos 16,000 confinados; las elecciones de 2004 se decidieron por 3,500 votos. Haga usted la matemática y el resultado se reduce a un asunto de conveniencia política.

Sobre este tema, en los Estados Unidos la postura que prevalece es de mano dura. Ser parte de una sociedad conlleva privilegios y responsabilidades y todo aquél que abuse y violente las leyes se expone a perder la libertad y el derecho al sufragio. Se estima que 5.3 millones de americanos, o uno de cada 40 adultos, han perdido permanentemente el derecho al voto como resultado de convicciones por diversos delitos.

El Viejo Mundo es de otro pensar. La mayoría de los países de la Unión Europea permiten que los presos voten en los comicios electorales. Y otros, como Canadá, le extienden el derecho al sufragio a convictos que cumplen sentencias menores de dos años.

En Puerto Rico, cualquier acción que pretenda quitar el derecho que ha venido disfrutando la población de los confinados por casi tres décadas debe estudiarse a profundidad y tiene que estar fundamentada dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Ya en una ocasión los encarcelados fueron utilizados como balón político. Esta no debe ser una de esas veces.

Romero cometió un maldito error. Es una verguenza que en este país un confinado tenga el mismo poder que tiene un ciudadano que nunca a cometido una falta. Quitando la politiquería, la realidad es que esto se debe corregir prontamente sin importar el costo. La realidad es que la mayoría de los ciudadanos están a favor de quitarle ese "derecho" a los confinados.